ACOPI Antioquia, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento, se pronuncia ante la opinión pública por el proyecto de ordenanza 59 de 2024, presentado por la Gobernación de Antioquia, que propone un nuevo cobro a los sectores residencial, comercial, industrial y oficial en la tarifa de consumo de la energía eléctrica.
Este aporte, que vemos como gravamen, denominado Tasa especial de seguridad y convivencia, resultaría lesivo a las iniciativas de reactivación económica y reindustrialización y a los intereses propios de las empresas del sector que promueve y defiende ACOPI.
El proyecto de ordenanza “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA”, fue radicado ante la Asamblea de Antioquia el pasado martes, 12 de noviembre.
Esta iniciativa gubernamental impacta, con una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, a “toda persona natural o jurídica que sea suscriptor del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Departamento de Antioquia”.
Incluye, de acuerdo con el texto del proyecto de ordenanza, los usos residencial -estratos 4, 5 y 6-, industrial, comercial y oficial. El artículo 6 del proyecto radicado ante la Asamblea plantea la tarifa de la siguiente manera:
Tomado fiel copia del proyecto de ordenanza radicado en la Asamblea de Antioquia.
Según esta tabla de liquidación, una residencia en estrato 4, 5 o 6, que en muchas ocasiones alberga unidades productivas, pagaría, por un consumo de 150 kWh al mes (que es un consumo muy básico para persona o familia), $12.000 más. En ese valor se incrementaría el pago mensual por consumo de energía eléctrica.
Ahora, si el ejercicio se hace para el sector industrial, este pagaría, por cada kWh consumido, $61,18 (la tasa especial de seguridad para el sector industrial sería de 0,0013 UVT por kWh consumido. La UVT está, en 2024, en $47.065).
Entonces, si el consumo de la empresa es de 100 kWh (muy bajo para una unidad productiva), su aporte sería de $6.118. Si es de 200 kWh, $12.236. Por 300 kWh, $18.354 y por 500 kWh, sería de $30.590. Y de ahí, en adelante.
Por supuesto, ACOPI Antioquia apoya las medidas y estrategias que redunden y beneficien la seguridad y la convivencia ciudadana. Ellas son base y soporte de la estabilidad social para el desarrollo de las capacidades productivas, los emprendimientos y el avance y la consolidación empresarial.
Sin embargo, en esta oportunidad, se trata de una iniciativa no consultada, no conversada y no acordada con los empresarios, los gremios y el sector productivo de la región. Además, como lo expresamos, consideramos que esta tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana afecta la reactivación económica, la reindustrialización y el paquete de costos de nuestros micro, pequeños y medianos empresarios, al imponer un costo adicional por los consumos de energía eléctrica en los sectores comercial e industrial.
Incluso, que la tasa sea cobrada al sector residencial, en los estratos 4, 5 y 6, afecta muchas de las unidades productivas que representamos, porque muchos de nuestros emprendedores y empresarios utilizan sus residencias para procesos productivos. Máxime, luego de la pandemia de 2020, de la cual aún no nos reponemos.
ACOPI Antioquia invita a la Gobernación de Antioquia y a la Asamblea Departamental, donde debe cursar trámite el proyecto de ordenanza, a revisar con los gremios, los empresarios y el sector productivo esta iniciativa, en busca de no definir, aprobar e imponer más cargas a las ya cuantiosas obligaciones económicas de los empresarios, lo que se traduce en destrucción del tejido empresarial de la región e inviabilidad de las iniciativas productivas.