- No entendemos cómo los honorables diputados se prestaron para gravar al pueblo antioqueño con un impuesto nefasto para la productividad y el empleo de la región.
- 14 diputados votaron en contra del desarrollo productivo y del empleo que generamos las MiPyme.
- Rechazamos la forma como fue aprobado el proyecto de ordenanza. Este impuesto no fue un acuerdo. No fue un consenso. Es una imposición.
Medellín, 04 de diciembre de 2024. Con 14 votos a favor y 10 en contra, y dos diputados que no votaron, la Asamblea de Antioquia aprobó el nuevo impuesto que el gobernador del Departamento les impone a los antioqueños al gravar el consumo de energía eléctrica para los sectores residencial, comercial, industrial y oficial.
ACOPI Antioquia, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas del Departamento, rechaza este gravamen porque es un nuevo obstáculo, en este caso regional, para las iniciativas de reactivación económica y reindustrialización. El nuevo impuesto, bajo el nombre TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, afecta directamente a los intereses de las empresas que representamos y defendemos.
La nueva Tasa de Seguridad que impone el gobernador y parte de su bancada en la Duma, impacta a “toda persona natural o jurídica que sea suscriptor del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Departamento de Antioquia”. Incluye, de acuerdo con el texto del proyecto de ordenanza aprobado, los usos residencial -estratos 4, 5 y 6-, industrial, comercial y oficial.
ACOPI Antioquia apoya las medidas y estrategias que redunden y beneficien la seguridad y la convivencia ciudadana. Sin embargo, en esta oportunidad, se trata de un nuevo impuesto que no fue debidamente consultado, tramitado y acordado con los empresarios, los gremios y el sector productivo de la región.
Esta Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que afecta la reactivación económica, la reindustrialización y el paquete de costos de nuestros micro, pequeños y medianos empresarios, cae como balde de agua fría y amenaza con destrucción nuestras unidades productivas y los empleos que generamos.
No entendemos por qué el gobierno de Antioquia se suma, con este nuevo impuesto, a las iniciativas que afectan y lesionan la economía regional y nacional.
